La compra de sentencias y conciliaciones judiciales en Colombia es realizada por diferentes organizaciones y empresas que se dedican a facilitar la adquisición de derechos económicos contenidos en dichos documentos

Las personas que son beneficiarias o representantes legales de sentencias y/o acuerdos judiciales tienen la posibilidad de vender los derechos económicos que estas contienen a diversas empresas. Estas compañías se respaldan en fiducias legalmente establecidas, lo que brinda una sólida garantía para aquellas víctimas que desean explorar opciones seguras y ventajosas para recibir de manera anticipada el pago de sus sentencias y conciliaciones.

En la actualidad, existen varios fondos de inversión a nivel nacional e internacional que encuentran en la adquisición de sentencias una forma segura de generar diversos tipos de inversiones y destinar cuantiosos montos para el pago de sentencias y conciliaciones judiciales en Colombia. Con el fin de garantizar un proceso de pago eficaz y transparente a los beneficiarios, estos fondos están organizando diferentes medios de inversión, como la constitución de fondos colectivos o patrimonios autónomos a través de fiduciarias reconocidas en el país.

El proceso de pago de sentencias a través de fondos implica principalmente la anticipación de liquidez a las víctimas y a los apoderados que decidan no esperar más el pago por parte de la entidad encargada. Se mencionarán las entidades nacionales que son elegibles para la compra de sentencias:

  1. Ministerio de Defensa
  2. Policía Nacional de Colombia
  3. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)
  4. Instituto Nacional de Vías (Invías)
  5. Fiscalía General de la Nación
  6. Rama Judicial
La compra de algunas sentencias y/o conciliaciones requiere una evaluación previa basada en los antecedentes de los beneficiarios y/o apoderados en cuanto a su reputación. Por tanto, para dar inicio al pago de las sentencias y conciliaciones, es recomendable que tanto el abogado como los beneficiarios hayan presentado la correspondiente cuenta de cobro ante la entidad condenada y cuenten con el respectivo oficio de turno de pago para garantizar el cobro de la sentencia.

Es importante tener en cuenta que, a pesar de los esfuerzos legales realizados por los abogados para lograr el desembolso efectivo por parte de las entidades condenadas, el proceso de pago de sentencias puede tener una duración de entre 5 y 7 años, dependiendo de la entidad que realice el pago. No obstante, usted, su familia y su representante legal tienen la oportunidad de obtener una liquidez anticipada mediante la venta de su sentencia y/o acuerdo de conciliación judicial a una empresa privada especializada que cuenta con un sólido respaldo financiero.